Donna Butterfield, una esteticista de 30 años de Wrexham, en el norte de Gales, encontró un final trágico en septiembre del año pasado, después de una operación de aumento de senos en las Islas Baleares, España.
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La operación, que tuvo un costo de $11,650, se realizó para corregir un desequilibrio de una cirugía anterior. Sin embargo, debido a un problema cardíaco preexistente, Butterfield sufrió una reacción fatal al anestésico, lo que resultó en un ataque cardíaco.
Después de casi dos semanas en cuidados intensivos, la joven falleció el 13 de septiembre. Según informes de la familia, la comunicación con la clínica antes del procedimiento se realizó exclusivamente por correo electrónico, con pocas precauciones tomadas por parte de los responsables.
La situación se complicó aún más cuando un anestesista, que ya había sido condenado por homicidio involuntario en otro caso y tenía una prohibición médica, participó en la cirugía. Fue arrestado por la policía, que confirmó su continuo ejercicio de la medicina a pesar de la prohibición.
La familia de Butterfield, conmocionada por la situación, voló a Mallorca, donde recibieron explicaciones confusas e insatisfactorias sobre lo ocurrido. Los servicios de emergencia que respondieron a la llamada quedaron alarmados por la condición de Butterfield, especialmente porque la reanimación cardiopulmonar (RCP) no se administró correctamente.
La Policía Nacional española arrestó al director de la clínica, de 69 años, acusándolo de homicidio por negligencia grave y violación de una prohibición médica. Además, otro profesional de la salud involucrado en la operación fue acusado del mismo delito, mientras que un tercero no pudo ser acusado debido a su muerte repentina dos meses después del procedimiento.
La investigación reveló varias irregularidades en el procedimiento, planteando preguntas sobre la seguridad y regulación de las cirugías plásticas, especialmente en casos que involucran a pacientes con condiciones preexistentes significativas.
Fuente: NyPost
